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Comunicados

Carta Abierta

Septiembre 02/2021 Carta Abierta
Al Licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente de la República

Al Senado de la República

A la Cámara de Diputados

A la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces Directora General del Conacyt

A nuestros colegas Profesora/es e Investigadora/es de México

A la Opinión Pública La actual Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el año 2002, ha sido objeto de ocho reformas que permitieron una galopante privatización y liberalización de los recursos públicos; el patrón común fue la empresarización, la mercantilización de los sujetos del conocimiento, de los productos del conocimiento, de la administración de los fondos a través de 65 fideicomisos; el 1% de los sujetos de apoyo de los fideicomisos recibió el 40% de estos recursos; con el dinero de estos fideicomisos se construyeron 46 edificios, no aptos para fines de investigación, que quedaron en obra negra y que le costaron al país cerca de 739 millones de pesos. También de las formas de participación, pues el Foro Consultivo Científico y Tecnológico se transformó en una Asociación Civil que recibió recursos anuales por más de 50 millones de pesos. Si bien coincidimos en que es importante que se invierta el 1% del PIB en el gasto en ciencia y Tecnología, tanto o más importante es la distribución de ese presupuesto para el bien común. A través del CONACYT fueron transferidos, a fondo perdido, multimillonarios recursos públicos a grandes empresas transnacionales, solo por estar situadas en territorio nacional; por ejemplo, de 2009-2016 el CONACYT a través del Programa de Estímulo a la Innovación (PEI) le transfirió a Intel Tecnología de México, S.A. de C.V. un total de $ 202,217,488.00; a CUMMINS, S. de R.L. de C.V., 61,071,935.00; a Volkswagen de México, S.A. de C.V., $132,334,555.00; a Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V., $20,792,120.00, entre otras. También grandes empresas nacionales recibieron recursos públicos del CONACYT y de otras instituciones a nombre de la innovación, por ejemplo, el Grupo Alfa recibió de parte del Fondo de Innovación Tecnológica Secretaría de Economía – CONACYT (FIT) un total de $29,400,527.00 y a través del PEI del Conacyt por la empresa Nemak S.A y la empresa Tenedora Nemak, S. A. de C. V., $104,177,686.00 y por la empresa Sigma Alimentos $137,439,805.00. Así, el gobierno de México entregó un total de $271,018,018 a diversas empresas del Grupo Alfa. Suele argumentarse que las empresas beneficiadas crearon empleos, sin embargo, el CONACYT no debe suplir o duplicar las funciones de otras secretarías de gobierno, tales como la Secretaría de Economía y/o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otras. Es nuestro derecho saber qué innovaciones se realizaron con recursos públicos y cuál ha sido el beneficio para la economía mexicana sí, pero también y, sobre todo, para la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país que, adicionalmente, dejó de recibir millonarias cantidades a través del Programa de Estímulo Fiscal, el cual obtuvo varios nombres durante el periodo. Las anteriores autoridades del Conacyt argumentaban que esos fondos se transferían y condonaban para incentivar la inversión privada en Investigación y Desarrollo Experimental (I+D) siguiendo el modelo de los países de la OCDE. Argumentación falsa, no solamente porque dentro de los países de la OCDE el gobierno de México es el que más apoya, en términos proporcionales, el Gasto en Investigación Científica y Desarrollo experimental (GIDE), ya que cerca del 77% de este gasto proviene del gobierno, mientras que los gobiernos de los países de la OCDE aportan no más del 28% en este gasto. Pero lejos de incrementar su participación, el sector privado en México redujo su aportación desde el 20.55% en el 2013 al 18.16% en el 2019; el % más bajo de los países de la OCDE donde el sector empresarial aporta cerca del 63% del GIDE. Durante el periodo neoliberal costosas universidades privadas recibieron recursos públicos para incentivar a sus profesores, para apoyar proyectos de investigación y para otorgar becas financiadas por el Conacyt a estudiantes no necesitados. Paralelamente, algunas universidades públicas empezaron a cobrar elevadas cuotas escolares tanto para licenciatura como para posgrado que tuvo por consecuencia la exclusión de estudiantes de sectores sociales menos favorecidos. Teniendo en mente que el conocimiento es un bien común transgeneracional, patrimonio universal que todo/as podemos y debemos usar y que la naturaleza del conocimiento se resiste a ser apropiada para fines comerciales, mercantiles y particulares, queremos expresar públicamente nuestro extrañamiento a colegas de instituciones públicas que de modo aislado o de forma corporativa en organizaciones como la ANUIES, PROCIENCIA y REDNACECYT pretenden dar continuidad a ese modelo de privatización y opacidad. ProCiencia propone la creación de una banca nacional para financiar la ciencia y la tecnología y pretende ceder funciones y atribuciones decisivas a asociaciones civiles y privadas, fomentando así una forma de gobierno ajena a todas las instituciones mexicanas. ProCiencia busca ceder directamente a los particulares la rectoría de asuntos públicos en materia de ciencia y tecnología. Con el derecho que nos asiste como científicos y científicas de México, nos hemos constituido en el grupo llamado Con_Ciencia Crítica. Por el Conocimiento Como Bien Común. Denunciamos que son falsos muchos de los argumentos con los que se intenta invalidar el Ante Proyecto de Iniciativa elaborado por el CONACYT : la restricción de libertad académica, la no inclusión, la no equidad de género, el centralismo y demás afirmaciones utilizadas para generar miedo en la comunidad académica. Desde este grupo, al que invitamos a unirse a los colegas de las diversas instituciones del país, exigimos un diálogo honesto y constructivo a quienes llegan a las mesas a no dialogar con propuestas que denominan irrenunciables y devalúan y falsean los aportes de quienes intentamos revertir las anteriores políticas del CONACYT , mismas que fueron encaminadas a beneficiar con recursos públicos principalmente al sector privado de la economía y de la educación y a establecer una dinámica de mercantilización en el campo de la educación, la ciencia y la tecnología en nuestro país. Si desea sumarse a esta Carta abierta, puede hacerlo llenando el formulario siguiente: https://tinyurl.com/yzsaj2mv